Miguel Soto, integrante de la ONG Poder, organismo dedicado a la exigencia de rendición de cuentas, habló sobre los años de impunidad que ha gozado Grupo México, tras realizar el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora el 6 de agosto de 2014.
Dicho desastre ecológico afectó a poco más de 22 mil personas de las comunidades cercanas a la cuenca de estos ríos, frenando la actividad económica y poniendo en riesgo la salud de los habitantes sin que estos hechos implicarán alguna sanción mayor para el grupo infractor, solamente una multa económica de 33 millones de pesos, una cifra baja considerando que para el consorcio empresarial dicho monto representó tan solo el 0000.1% de sus ganancias generadas en el 2014.
Por este motivo la ONG a la que pertenece Miguel Soto, solicitó se reactive el fideicomiso por dos millones de pesos destinado a la reparación del daño, pues incluso este fue cancelado mucho antes y sin considerar en ningún momento a las comunidades afectadas.
Para exigir que se haga justicia y se endurezcan las penas contra consorcios que dañan el medio ambiente como Grupo México, Miguel Soto, informó que la ONG Poder ha convocado a una manifestación para este lunes a las 11 de la mañana a las afueras de las Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se estipule el retiro de concesiones como una sanción más efectiva para este tipo de ilícitos contra el medio ambiente y la población mexicana.