La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó como “positivos” los cambios a la Ley General de Salud en Materia de Salud Mental y Adicciones, aprobada por la Cámara de Diputados y que contempla la desaparición de hospitales psiquiátricos en el país.
En un comunicado, la CNDH manifestó que las reformas están formuladas” bajo una perspectiva de progresividad en el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial”.
Se apuntó que iniciar el camino hacia la desinstitucionalización significa abrir los espacios de atención de la salud mental al escrutinio público y, con ello, reducir el riesgo de que se presenten eventos de tortura o malos tratos hacia las personas con discapacidad intelectual y psicosocial.
Afirmó que en el actual modelo asilar, se presentan asimetrías de poder que ‘desempodera(n) a las personas usuarias y menoscaba su derecho a tomar decisiones sobre su salud, con lo que se crea un entorno en el que pueden producirse y se producen violaciones de los derechos humanos. Las leyes que permiten a los profesionales psiquiátricos llevar a cabo tratamientos e internamientos forzosos legitiman ese poder y su uso indebido. Este uso indebido de las asimetrías de poder impera, en parte, porque con frecuencia las disposiciones jurídicas obligan a los profesionales y al Estado a adoptar medidas coercitivas’”
“Se identifican en la reforma cambios sustantivos: desde abandonar conceptos excluyentes y que negaban a las personas con discapacidad psicosocial el derecho a decidir, hasta la proyección de un sistema comunitario de atención, con el cual se involucra en la atención de la salud no sólo a las familias y al Estado, si no a la comunidad”, se lee en el comunicado .
Se recalcó que las reformas pueden sentar las bases del cambio de paradigma, a uno basado en el respeto a la diversidad, en el reconocimiento de que el contexto y condiciones sociales, así como la observancia de los derechos humanos, contribuyen significativamente a la plenitud de la salud mental de las personas.
Poner límites a los internamientos forzados, refrendar la autonomía y poder de decisión de las personas sobre los tratamientos a recibir, migrar de un modelo asilar a uno de respeto y vigencia de los derechos humanos de las personas usuarias de los servicios de salud, es un primer paso para abandonar esquemas de control excluyentes”, subrayó el documento.
Expuso que el legislativo incluye en esta reforma estrategias de educación al personal de salud y proveedores de servicios, como a los formadores de profesionales y a la sociedad en general, tendientes a combatir el estigma y los estereotipos en contra de las personas con discapacidad mental o psicosocial, que es, a largo plazo, la manera de lograr una cultura de inclusión y respeto de los derechos humanos.
En suma, se considera positivo que la reforma plantee las bases para implementar un modelo que se oriente a combatir los estigmas que existen sobre las personas que requieren de los servicios de salud mental y que contribuya a garantizar el derecho a la vida independiente de las personas, mediante el apego a estándares internacionales en materia de derechos humanos, explicó el organismo independiente.
La CNDH afirmó que estará atenta para que se generen las estrategias para que la implementación de la reforma se dé en condiciones de igualdad y bajo la observación permanente de distintos actores sociales, que pongan en el centro en todo momento la protección y garantía de los derechos humanos de las personas, sobre todo de aquellos sectores en desventaja social.