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Defensores comunitarios tenían la protección del Estado mexicano y aún así los mataron

Tenían la protección del Estado mexicano y aún así los mataron. Usaron el botón de emergencia proporcionado por la empresa RCU sistemas S. A de C.V. y no funcionó. Un documento en manos del equipo de esta investigación revela que en México asesinaron a dos defensores y a seis periodistas, entre 2017 y 2020, mientras contaban con medidas cautelares del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas.

Los ocho defensores y periodistas que dejó desprotegidos la empresa RCU Sistemas -compañía contratada por el Mecanismo en el 2014 para dar seguridad y salvaguardar sus vidas, pero no lo hizo- tienen nombres y apellidos, viven de norte a sur de la República mexicana, y hoy ya no están; su muerte dejó en orfandad a sus hijos, en la viudez a sus parejas, mientras que sus comunidades quedaron con miedo.

Quienes lo conocieron, lo recuerdan como un hombre sabio y que amaba el bosque de la Sierra Tarahumara, en el norte de México. Proteger este espacio natural de saqueadores le costó la vida a Julián Carrillo Martínez, indígena rarámuri y defensor del territorio. Lo asesinaron a balazos en octubre de 2018, y no lo salvaron ni el mecanismo ni la Alerta Preventiva para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Chihuahua, un modelo estatal creado en el 2016 e impulsado por organizaciones civiles para proteger a defensores y periodistas ante el incremento de las agresiones y asesinatos. En enero de 2014, Julián ingresó al Mecanismo y cuatro años después lo asesinaron. Este hombre, que caminaba por el bosque con su gorra y su camisa de cuadros, se despidió por última vez de ese sitio arbolado dos días antes de su homicidio, según recuerdan sus amigos. En 2016, mataron también a su hijo, Víctor Carrillo Carrillo. Su homicidio, como el de su padre, se relaciona con la defensa del territorio.

A 2 mil 249 kilómetros de distancia, entre el estado norteño de Chihuahua y el sureño de Chiapas, ultimaron a Noé Jiménez Pablo, otro defensor del territorio y también protegido del Mecanismo.

Noé Jiménez defendió a su comunidad de Amatán, Chiapas, de caciques que buscaban imponer un control social y político. El conflicto generó el desplazamiento forzado de 50 personas. En diciembre de 2018, ingresó al Mecanismo y el 17 de enero de 2019, lo mataron. Antes lo torturaron y le rociaron de ácido en su cuerpo y rostro, según el peritaje oficial.

El activista era integrante del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común de Amatán, un colectivo que lucha a favor del respeto a los derechos humanos y del territorio. Según la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA MN) a Noé presuntamente lo asesinó el grupo paramilitar de los hermanos caciques de la región Jesús y Wilbert Carpio Mayorga y los padrinos políticos de éstos, el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello y el expresidente municipal, de Comitán de Domínguez, Eduardo Ramírez Aguilar.

Por los asesinatos de estos defensores a los que la empresa debía salvaguardar sus vidas, por Julián Carrillo Martínez y Noé Jiménez Pablo, la calidad de protección del mecanismo es cuestionada. Sin embargo, en 2021 la compañía recibió un presupuesto de 240 millones de pesos. Hasta la fecha, RCU sigue a cargo de la seguridad de los defensores. En lo que va del sexenio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 46 defensores del medio ambiente y el territorio han sido asesinados, según datos de las organizaciones Cemda A.C., Global Witness y un conteo hemerográfico elaborado por este equipo de investigación; al reportar cifras distintas fue necesario realizar una revisión detallada de fecha, lugar y actividad de cada uno de los defensores liquidados. Los casos fueron contabilizados con la información obtenida en diversas publicaciones de los diarios nacionales, plataformas periodísticas, comunicados de colectivos y organizaciones civiles.

RCU lleva siete años, desde el 2014, como responsable de la seguridad de los defensores y periodistas del Mecanismo. De acuerdo con los informes de CEMDA (de 2014 al 2020), y al conteo hemerográfico realizado en 2021, en esos siete años 96 ambientalistas han sido asesinados en México. Ni RCU ni el Mecanismo han parado esta violencia contra los que defienden la naturaleza en México, pese a las críticas y cuestionamientos, pero sobre todo ante la invisibilidad que la empresa le ha dado a los asesinatos de defensores. Sin embargo, en el informe estadístico de diciembre de 2020 del Mecanismo y el más reciente de abril 2021, no se informa sobre este rubro, sólo hace mención al número de agresiones sin tomar en cuenta a los asesinatos.

Lo que significa que la empresa RCU ha reservado esta información, es decir, que los defensores asesinados bajo la protección del mecanismo son invisibles, no hay estadística oficial que dé cuenta del papel que desempeña esa firma. Aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dé un balance financiero e informe de las irregularidades en su operatividad, la compañía de seguridad está vigente y continúa contratada por el Mecanismo que debía resguardar a defensores y periodistas.

De acuerdo con la Plataforma del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), hay cuatro personas defensoras de los Derechos Humanos que están desaparecidas desde marzo de 1964 a la fecha.

Los cuatro defensores (dos mujeres y dos hombres) son originarios de la Ciudad de México y del estado de Sonora. En esa misma plataforma digital, sin que existan nombres ni mayor referencia aparece la anotación de tres integrantes de organizaciones civiles no localizados desde hace medio siglo. Las tres personas son hombres que fueron vistos por última vez en los estados de Guanajuato, Veracruz y Guerrero.

La Comisión Nacional de Búsqueda invisibiliza a los defensores ambientalistas desaparecidos al no incluirlos en un enfoque diferenciado de su plataforma, no hay registro de ellas ni de ellos; lo que reafirma una vez más, que para el Estado no existen.