América Latina y el Caribe registra cinco situaciones de desplazamiento: Colombia, Venezuela, Centroamérica y México, Nicaragua, y Haití, indicó este lunes la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en un nuevo informe que alerta de los desafíos que suponen los grandes movimientos de población, cuya complejidad y proporción han aumentado con el paso de los años.

Los datos de ACNUR apuntan a un desplazamiento de población récord en la región, precisando que es la zona del mundo en la que se encuentra una de cada cinco de las personas a las que brinda protección y asistencia en el orbe.

Así, el organismo socorre a 21,4 millones de personas gracias a la presencia de su personal en 26 países de la región. La cantidad representa un incremento del 25% de 2021 a 2022.

Las cifras desagregadas de ACNUR muestran que más de 7,24 millones de refugiados y migrantes han abandonado Venezuela y que de ellos, seis millones están en América Latina y el Caribe. Además, hay 7,4 millones de desplazados en Colombia, El Salvador, Honduras y México.

El informe explica que en 2022 aumentaron considerablemente los movimientos mixtos y los desplazamientos en la región; detallando que casi 250.000 personas cruzaron la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, para llegar a Estados Unidos. Estos movimientos han incrementado las necesidades humanitarias y la presión sobre las de por sí sobrecargadas capacidades de recepción, redes de albergues y comunidades de acogida.

No obstante la enorme tarea que desempeña, ACNUR advirtió que carece de los fondos necesarios para sus operaciones, especificando que hasta el mes pasado había recibido apenas un tercio de los recursos que precisa este año para llevar adelante su labor, especialmente en Colombia, Costa Rica, Honduras y Brasil, donde las necesidades son críticas.

El organismo señaló que la falta de financiamiento puede afectar el mantenimiento de espacios seguros y albergues en zonas fronterizas; la distribución de artículos de primera necesidad; el apoyo para el acceso a procedimientos de determinación de la condición de refugiado y a procesos de regularización y documentación; la distribución de ayuda en efectivo en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad; y la realización de actividades de protección de la infancia y de prevención de la violencia de género.

El director de la Oficina Regional de la Agencia, José Samaniego, destacó la generosidad de la respuesta de los países a las personas con necesidades humanitarias. 

“Sin embargo, la falta de recursos financieros compromete actividades críticas, como acceso a albergues y asistencia humanitaria para los más vulnerables, apoyo financiero para cubrir necesidades básicas y atención a la salud, reduciendo también las posibilidades de que las personas puedan integrarse y contribuyan a las comunidades que las acogen», agregó.