El informe anual del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) revela que, durante el año pasado, más de 140,000 personas solicitaron asilo en México, reflejando la creciente necesidad de protección internacional. Estas cifras colocan a México entre los cinco países con el mayor número de nuevas solicitudes de asilo a nivel global.

Al mismo tiempo, recibió a cientos de miles de personas en tránsito hacia el norte y siete estados experimentaron un incremento en el desplazamiento interno. 

En cuanto a la procedencia de los solicitantes de asilo, el informe revela que personas de más de 100 nacionalidades solicitaron asilo en México en 2023. Haití fue el país con mayor representación (31%), seguido de Honduras (30%), Cuba (13%), y Guatemala, El Salvador y Venezuela con el 4% cada uno.

Según el Monitoreo de Protección de ACNUR, más de la mitad de las personas en movilidad citaron la violencia, la inseguridad y las amenazas como las principales razones para abandonar sus países de origen. Además, el 66% indicó que su vida, seguridad o libertad estarían en peligro si fueran devueltos a sus lugares de origen.

El informe, titulado Esperanza de un nuevo hogar, resalta que, con el apoyo de la agencia de la ONU, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados pudo hacer frente al aumento en las solicitudes de asilo. Desde 2018, este organismo ha cuadruplicado su capacidad de atención, logrando incrementar la tasa de reconocimiento de la condición de refugiado del 65% en 2022 al 69% en 2023.

Sin embargo, el informe también señala que persisten desafíos para consolidar la estructura y capacidad operativa de la Comisión, así como asegurar un presupuesto adecuado para atender a las personas con necesidades de protección internacional.

Desde 2016, gracias al Programa de Integración Local, 35,000 personas refugiadas se han incorporado al mercado laboral formal en México, accediendo a servicios básicos como educación y salud, con el apoyo de más de 600 empresas que se han sumado al proyecto.

Finalmente, el informe destaca los ocho compromisos presentados por el Gobierno de México en el Foro Mundial sobre Refugiados, celebrado en Ginebra en diciembre, que buscan fortalecer e implementar una política pública para la atención de personas refugiadas y solicitantes de asilo, fomentando su inclusión socioeconómica a través de servicios de salud, empleo y educación.