En Querétaro a pesar de contar con el protocolo Alba, además de la alerta Amber, como medidas para la búsqueda de mujeres y niñas, estos mecanismos poseen deficiencias y errores en su aplicación, señaló la activista Aleida Quintana, cofundadora del colectivo T’eke’i Grupo Interdisciplinario por la Equidad, quien remarcó la necesidad y urgencia de protocolos y medidas inmediatas que prioricen la búsqueda en vida de mujeres y niñas.

Destacó que el protocolo Alba no se aplica en todas las entidades, pero es un instrumento de investigación con perspectiva de género, que se ha activado en todos los casos de desaparición, sin embargo, las deficiencias radican en que las autoridades encargadas de la investigación muchas veces desconocen el protocolo, por lo que la falta de actualización y capacitación de las autoridades incide totalmente en los procesos.

“No todos conocen el protocolo, ni todos cuentan con la formación idónea para poder analizar los casos y emprender los mecanismos de búsqueda con perspectiva de género y sobre todo priorizando la búsqueda en vida”.

En torno a la Alerta Amber, refirió que solo se ha quedado como una ficha de difusión de personas no localizadas menores de 18 años, pero que no contempla ningún protocolo de investigación, lo que calificó como una “negligencia”, y en el caso de Querétaro señaló que se han detectado una constante en omisiones para su activación, tales como la negativa para activarse cuando se tuviera sospecha que han sido víctimas de un delito, cuando su activación tiene la finalidad de que se localicé antes de que sean víctimas de algún delito; además de que su activación depende de una sola persona y una comisión que sesiona en contadas ocasiones.

“Lo que vemos en Querétaro son Alertas Amber tardías, cuando el propio protocolo señala que se tiene que activar inmediatamente, estamos hablando de las primeras tres horas a partir de que la autoridad tiene conocimiento de la desaparición de una persona menor de edad, y se está activando incluso una semana después de que la persona fue reportada como desaparecida, sin algunas de las omisiones, deficiencias y errores que hemos identificado”.

Recordó el caso de un menor de 3 años que fue sustraído por el padre, y a pesar de haber denuncias en su contra por agresiones hacia la madre, la autoridad se negó a levantar la denuncia al considerar que no se encontraba en riesgo el menor y por ser el padre, una respuesta que se ha dado en muchas situaciones similares, lo que si visualiza como parte de una política que han estado minimizando y negando la problemática en materia de desapariciones.

“Lo veo como una política de estado, lo veo como una política y una línea discursiva constante por parte del gobierno local actual, esta línea de minimizar e incluso ocultarla está presente desde que inició la administración. Hemos visto diferentes explicaciones del propio Fiscal del Estado que se atrevió a decir que el 92% eran voluntarias, incluso como recomendaciones el llamado a padres y madres de familia para cuidar más a sus hijos y ser un buen ejemplo, para ellos eso es un tema preventivo”.

En este sentido destacó la urgencia de que las autoridades investigadoras cuenten con la capacitación y conocimiento de estas herramientas, pero sobre todo que se de reconocimiento a la problemática que vive en estado, y que quienes participan en la investigación cuenten con la  formación necesaria en perspectiva de género y derechos humanos, ya que resaltó que existen diferencias en las desapariciones de mujeres y hombres, al igual que lo que pasa con niñas, niños y adolescentes en el Estado de Querétaro.