La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un extrañamiento público y enérgico al C. Bernardo Romero Vázquez, por sus declaraciones vertidas en el programa “Presencia Universitaria” de la Universidad Autónoma de Querétaro, respecto a la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de ese estado de Querétaro ,que denuestan a las y los servidores públicos de esta Comisión, poniendo en entredicho el cumplimiento de su misión constitucional y a la vez la actuación y el papel del Consejo Consultivo, lo que en el marco del esfuerzo de transformación que se vive hoy al interior de la CNDH resulta no solo altamente preocupante sino inadmisible.
La CNDH advirtió un posible conflicto de interés, pues dentro de la sesión del pasado 20 de junio, de la cual fue testigo un senador, el secretario se excusó de intervenir, como se le pedía, debido a que él conoce a los dirigentes y militantes de Morena que estaban promoviendo la acción.
“Además de las falsedades en que incurre el consejero, en esta nueva etapa de la Comisión es inadmisible que quien sea intente vulnerar su autonomía, que es lo que se ha intentado, al pretender imponer compromisos y agendas personales, e incluso agendas partidistas, por encima del marco de actuación de la Comisión.”, se lee en el comunicado de la CNDH.
Se agregó que La Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece en su artículo 15, fracción XI, que la promoción de acciones de inconstitucionalidad es facultad de la persona titular de la Presidencia, y como se desprende del artículo 19 de la misma Ley, relativo a las facultades del Consejo Consultivo, de entre ellas no se incluye la de aprobar las acciones de inconstitucionalidad que promueva esta Comisión.
“Todo lo que ha expresado el señor Romero, y su actuación misma en la sesión del pasado lunes 20, no es algo que deba pasarse por alto, porque, hay que insistir en ello, pone en entredicho y compromete el funcionamiento del Consejo Consultivo y de la propia CNDH.”
Por lo que hacen una atenta petición a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, a efecto de que sea ese Órgano ante quien el consejero rinda cuenta de sus dichos y a la vez se le expliquen sus responsabilidades y límites.