Las cifras oficiales que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que de 2015 a enero de 2023, ha habido 6 mil 543 feminicidios en el país. 

Ante este panorama, Felifer Macías Olvera, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de la Unión, indicó que las cifras son reflejo de la falta de estrategias acorde al contexto mexicano que podrían ocasionar un colapso sistémico.

El promedio mensual de feminicidios de niñas y mujeres adolescentes desde que inició la actual administración, hasta enero del presente año es de 8.6 casos; un número que resalta en comparación al promedio de 5.3 entre enero de 2015 y diciembre de 2018.

Por otro lado, en México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aproximadamente el 75 % de los hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria, mientras que el 67.5 % de las madres solteras se enfrentan a la evasión de responsabilidades por parte de sus exparejas en cuanto a la manutención económica.

Es necesario seguir impulsando reformas constitucionales adicionales, como la “Ley 3 de 3” contra la violencia, que establece que ninguna persona que haya cometido delitos sexuales, tenga deudas de pensión alimenticia o haya sido responsable de violencia familiar, podrá ocupar un cargo público en ninguno de los tres niveles de gobierno. No podemos seguir permitiendo que quienes agreden a mujeres se amparen atrás del poder”, enfatizó el diputado federal. 

La aprobación a la modificación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes permitirá la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Este será una base de datos que concentra la información de las personas que adeuden pensiones mayores a 90 días y cuya consulta será un requisito obligatorio para realizar trámites oficiales y obtener documentos de identidad”, resaltó el queretano.

El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares reforzará esta disposición al resolver que una vez entrando en vigor se podrán dar pensiones provisionales en menos de 24 horas, y los centros de trabajo de los poderes judiciales tendrán que aplicar en menos de 3 días los descuentos a los deudores.