El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió 14 procedimientos administrativos sancionadores, oficiosos y de queja en materia de fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales.

En sesión extraordinaria, el Consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, dio cuenta que de los 14 procedimientos que se pusieron a consideración del Consejo General, nueve son oficiosos y cinco derivados de quejas, correspondientes a procesos electorales federales y locales en años pasados.

“De los 14 proyectos de resolución, en dos casos se propone declarar los procedimientos fundados, al acreditarse que existieron irregularidades en cuanto al origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los sujetos obligados. Se acreditaron conductas como aportaciones de ente impedido de un aspirante a candidato independiente y otro, por egresos no reportados de un partido político en proceso de liquidación”, informó.

En los 12 casos restantes, no se acreditó la comisión de infracciones en materia de fiscalización. Entre ellos, el referente a la queja presentada por el PRD y Morena en contra de la Coalición “Compromiso por México”, integrada por el PRI y el Partido Verde Ecologista de México, así como su entonces candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, por presuntas aportaciones de recursos económicos a su campaña, a través de Emilio Lozoya Austin (caso Odebrecht); por otra parte, se resolvió la queja por el supuesto desvío de más de 250 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en favor de las campañas electorales del PRI en 2016 (operación Safiro).

En el caso Odebrecht, el pleno del Consejo General no pudo determinar infracción a algún partido político, ya que no contó con la información necesaria por parte de autoridades federales y financieras, así como otras instituciones para poder complementar la información; mientras que en el caso Safiro, si bien se presentan infracciones de distinto tipo, no se pudo acreditar que los recursos hayan ingresado al partido político denunciado.

El Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello aclaró que, en este caso, popularmente conocido como caso Odebrecht, igual que con otros casos connotados, el Instituto enfrenta “la negativa a colaborar, aduciendo el secreto ministerial, por parte de la Fiscalía General de la República con las funciones fiscalizadoras de esta autoridad electoral nacional”.

En este procedimiento, destacó, “las fuentes que permitieron en su momento denunciar ante esta autoridad -el IFE todavía- aquel caso, son todas fuentes que provienen de la jurisdicción extranjera y este Instituto, a diferencia de la Fiscalía, no puede allegarse de información que es producto de investigaciones en el extranjero”.

Córdova enfatizó que, a diferencia del INE, la Fiscalía sí puede requerir, en virtud de sus atribuciones y de los convenios internacionales en la materia, información a otras autoridades extranjeras, “como es el caso precisamente de la autoridad que en Brasil, en la década pasada, evidenció los casos de corrupción de Odebrecht. Me refiero al Tribunal Superior Federal”.

Por lo tanto, insistió el Presidente del INE, la única ruta que tiene el Instituto para allegarse información indispensable para conocer el fondo de este asunto, es a través de la Fiscalía General de la República y partir de la información de la que dispone.

“El problema es que no ha colaborado con el Instituto y ha interpuesto recursos jurídicos ante la Suprema Corte para evitar que este Instituto se allegue de información”, argumentó Córdova.

Además, hizo votos porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva el punto, en definitiva. “Ojalá los partidos políticos frente a la resolución que tomemos hoy presenten recursos, para que el Tribunal le dé facultades a esta autoridad para continuar y resolver el fondo del caso”, concluyó.