Renovación en el máximo tribunal mexicano. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha enviado este martes la terna para cubrir una vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El ministro Fernando Franco dejará el 12 diciembre el cargo que ocupó desde 2006. La propuesta del presidente incluye a Bernardo Bátiz, Eva Verónica de Gyvés y Loretta Ortiz. Los senadores comenzarán un proceso de selección que incluye las comparecencias de los candidatos, todos con un perfil progresista y una trayectoria con contactos previos con López Obrador. 

Bátiz, de 85 años, fue procurador de Justicia de Ciudad de México durante el Gobierno de López Obrador al frente de la capital del país. Ortiz, de 66 años, ya ha sido nominada anteriormente por el presidente para ocupar uno de los asientos del Supremo y actualmente es consejera de la Judicatura Federa. De Gyvés ha aspirado a dirigir la Fiscalía General de la República (FGR) y también es magistrada del Consejo de la Judicatura Federal.

La Suprema Corte tiene un alto impacto como órgano con la última palabra a nivel federal. Recientes decisiones como la vía libre al uso recreativo de la marihuana o la despenalización del aborto van perfilando no solo en panorama jurídico si no también social y político del país. Su actual presidente, Arturo Zaldívar, ha estado en el centro de los focos tras la polémica decisión de Morena, el partido en el poder, de extender su mandato más allá del plazo legal. Tras meses de polémica y críticas de juristas y organizaciones civiles que lo acusaron de plegarse a las invectivas de López Obrador contra el Poder Judicial, apuntando a una peligrosa correa de transmisión entre el presidente del Supremo y la agenda ideológica de Morena, Zaldívar decidió en agosto dar un paso atrás.

Anticipándose incluso a la resolución de la consulta impulsada entre los magistrados sobre la prolongación de su mandato para resolver la controversia, el presidente de la Corte anunció que dejará su cargo el 31 de diciembre de 2022, como estaba contemplado en la ley. La polémica en torno a Zaldívar se enmarcó en un frente más amplio: el control del Consejo de la Judicatura y la aprobación de una serie de reformas prioritarias para el Gobierno y que necesitan incluso una reforma de la propia Constitución. Desde la ley de la industria eléctrica y ley de hidrocarburos, ambas suspendidas, o la reforma constitucional del Poder Judicial, liderada por el propio presidente del Supremo con el apoyo de la mayoría morenista en el parlamento y que ha encontrado resistencias dentro de la propia judicatura.

Desde el inicio de la polvareda, López Obrador no dudó en posicionarse, vinculando de modo diáfano el rumbo de su proyecto político al futuro del máximo tribunal del país y del órgano de Gobierno de los jueces. Zaldívar, el primer presidente del tribunal desde 1994 que no pertenece a la carrera judicial, sino al mundo de la abogacía, fue elegido por el resto de magistrados días después de que Andrés Manuel López Obrador iniciara su mandato prometiendo el fin de los excesos y la corrupción en la política. Una bandera de regeneración que ha trasladado también al interior de sus propias filas.