“Las autoridades rusas han lanzado una caza de brujas convirtiendo efectivamente el sistema de justicia penal del país en un arma para enjuiciar a quienes protestan contra la guerra y a las personas influyentes que critican al Estado que han expresado su oposición a la invasión rusa de Ucrania”, ha declarado hoy Amnistía Internacional, un mes después del comienzo de la represión.

Según el grupo ruso de derechos humanos Agora, apenas un mes después de iniciarse la invasión de Ucrania por Rusia, se han incoado al menos 60 causas penales por protestas pacíficas contra la guerra o criticar públicamente a las autoridades rusas. Las personas encausadas son investigadas en aplicación de 14 artículos del Código Penal.

Al menos 46 personas han sido acusadas de delitos, de las que 9 fueron detenidas y 3, sometidas a arresto domiciliario. Según Agora, se las ha acusado de infinidad de “delitos”, incluidos insultos a funcionarios del gobierno, libelo, incitación a actividades extremistas; incitación a disturbios multitudinarios, odio y fraude; y profanación de cementerios.

“La persecución de quienes se oponen a la invasión de Ucrania por Vladimir Putin va mucho más allá de los esfuerzos anteriores para acallar a activistas y a quienes protestan. Las personas que son sorprendidas criticando la guerra afrontan un número absurdo de cargos arbitrarios exclusivamente por expresar su opinión. No sólo se las acusa de ‘desacreditar’ a las fuerzas armadas, sino también de calumnia, fraude o ‘terrorismo’”, afirmó Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central.

Al menos en 10 de estos casos, se investiga a personas que han expresado críticas por “desacreditar” a las fuerzas armadas de Rusia, en aplicación de un ley nueva según la cual, este delito puede ser castigado con un máximo de 10 años de prisión, 15 si los comentarios causaron “consecuencias graves”.

El 4 de marzo, la ley fue aprobada por unanimidad por las dos cámaras del Parlamento ruso y promulgada como tal por el presidente Vladimir Putin el mismo día. El 22 de marzo, la ley se amplió para tipificar como delito la difusión de “noticias falsas” sobre cualquier actividad de las autoridades del gobierno ruso en el extranjero.

El 16 de marzo, Veronika Belotserkovskaya, bloguera de gastronomía a quien siguen 850.000 personas en Instagram, se convirtió en la primera persona imputada en aplicación de la nueva ley, acusada de difundir “deliberadamente información falsa sobre el uso de las Fuerzas Armadas rusas para destruir ciudades y a la población civil de Ucrania, incluidos niños y niñas”.

Sergey Klokov, técnico del Departamento de Policía de la Ciudad de Moscú, fue la primera persona recluida en virtud de la ley tras ser detenido el 18 de marzo. Según su abogado, fue acusado de difundir “noticias falsas” en llamadas telefónicas con residentes de Crimea y de la región de Moscú.