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Criptoactivos: nuevas normas para detener los flujos ilícitos en la UE

Este jueves, los eurodiputados de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Libertades Civiles adoptaron, por 93 votos contra 14 y 14 abstenciones, su posición sobre el proyecto de ley que refuerza las normas de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Según los nuevos requisitos acordados por los eurodiputados, todas las transferencias de criptoactivos tendrán que incluir información sobre la fuente del activo y su beneficiario, información que se pondrá a disposición de las autoridades competentes. Las reglas también cubrirían las transacciones de las llamadas carteras no alojadas (una dirección de cartera de activos criptográficos que está bajo la custodia de un usuario privado). Las soluciones tecnológicas deben garantizar que estas transferencias de activos puedan identificarse individualmente.

El objetivo es garantizar que se puedan rastrear las transferencias criptográficas y bloquear las transacciones sospechosas. Las reglas no se aplicarían a las transferencias de persona a persona realizadas sin un proveedor, como las plataformas de negociación de bitcoins, o entre proveedores que actúen en su propio nombre.

Debido a su velocidad y naturaleza virtual, las transacciones de criptoactivos eluden fácilmente las reglas existentes basadas en los umbrales de transacción. Por lo tanto, los eurodiputados decidieron eliminar los umbrales mínimos y las exenciones para las transferencias de bajo valor.

Los eurodiputados quieren que la Autoridad Bancaria Europea (ABE) cree un registro público de empresas y servicios involucrados en criptoactivos que pueden tener un alto riesgo de blanqueo de dinero, financiación del terrorismo y otras actividades delictivas, incluida una lista no exhaustiva de proveedores no conformes.

Antes de poner los criptoactivos a disposición de los beneficiarios, los proveedores tendrían que verificar que la fuente del activo no está sujeta a medidas restrictivas y que no hay riesgos de blanqueo de dinero o financiación del terrorismo.