La revelación, en julio de 2021, de que el sistema israelí de espionaje informático Pegasus había sido usado en una doble dirección —por algunos gobiernos y contra algunos gobiernos— desató un clima de sospecha e incertidumbre que se ha arrastrado hasta hoy, y que ha dejado en la ciudadanía la sospecha de que la verdad solo ha sido contada a medias. El Gobierno español ha anunciado este lunes que los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron hackeados por el programa israelí que, en teoría, solo se vende a gobiernos y agencias oficiales. Pero el escándalo ha afectado a muchos otros países.

En el Reino Unido, los servicios de seguridad procedieron de inmediato a rastrear el móvil del primer ministro, Boris Johnson, de varios de sus ministros y de altos cargos del Ministerio de Exteriores. “No comentamos asuntos relativos a la seguridad nacional”, se limitó a explicar entonces un portavoz de Downing Street. Las informaciones conocidas hasta ahora proceden de las investigaciones realizadas por el llamado Proyecto Pegasus, impulsado por la organización Amnistía Internacional y un grupo de medios de comunicación —entre los que se encuentra EL PAÍS—, bajo el paraguas del consorcio de investigación Forbidden Stories. Todo fue verificado y difundido por el grupo de estudio del control de información y vigilancia de las redes Citizen Lab, de la canadiense Universidad de Toronto.

Los servicios de seguridad británicos no hallaron pruebas concluyentes de que el teléfono del primer ministro ni los de otros miembros importantes del Gobierno hubieran sufrido robos importantes de datos, y no pudieron señalar ningún dispositivo concreto infectado. Sí dieron al menos con cinco aparatos interceptados en el departamento de Exteriores, según informó la revista New Yorker.