Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben aumentar con urgencia el gasto destinado a protección social y salud para afrontar la escandalosa desigualdad socioeconómica de la región que ha resultado fatal durante la pandemia de COVID-19. Así lo afirman Amnistía Internacional y el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR) en un nuevo informe conjunto publicado hoy.

Desigual y letal: Cinco claves para recuperarse de la crisis de derechos humanos que desató la pandemia en América Latina y el Caribe expone los factores que explican el número desproporcionado de muertes por COVID-19 en la región si se la compara con otras partes del mundo. 

Con solo el 8,4% de la población mundial, la región ha padecido el 28% del total mundial de muertes a causa de la COVID-19. El informe concluye que los países con más desigualdad y menos gasto público en salud y protección social fueron los que más sufrieron durante la pandemia, y que los efectos más devastadores recayeron en los grupos históricamente marginados.

Es fundamental reconsiderar las políticas basándose en los derechos humanos para evitar futuras calamidades en una región que, según muchos indicadores, es la más desigual del mundo. A pesar de los niveles alarmantes de desigualdad y pobreza en América Latina y el Caribe, en los últimos decenios los gobiernos no han recaudado suficientes ingresos por impuestos ni lo han hecho de una manera que permita combatir la desigualdad, ni siquiera en épocas de expansión económica. Esto ha dado lugar inevitablemente a un escaso gasto en servicios de atención de la salud y protección social —incluidos desempleo, pensiones y apoyo a la infancia—, que son indispensables para una vida digna y para defender de verdad los derechos humanos para todas las personas.

“Los gobiernos tienen la obligación de movilizar proactivamente los recursos necesarios para proteger a sus respectivas poblaciones de los peores efectos de la discriminación, la enfermedad y el desastre económico. Si los países latinoamericanos hubieran actuado de este modo en los decenios previos a la pandemia, la región podría haber evitado tanto dolor y pérdida de vidas”, ha afirmado Kate Donald, directora ejecutiva en funciones del CESR. “Ahora tienen la oportunidad de prevenir el próximo desastre generado por la desigualdad y de cambiar a una economía basada en los derechos.”

Países como México, Brasil y Perú, donde el 1% más rico de la población acapara más del 30% de la riqueza nacional, han registrado las cifras más elevadas de muertes por COVID-19 en la región en proporción a su población. Chile, donde el 20% más rico de la población acumula 10 veces más ingresos que el 20% más pobre, también tiene una de las tasas de mortalidad per cápita más altas de la región.

Aunque muchos países latinoamericanos efectuaron transferencias monetarias durante la pandemia, ninguno de ellos amplió el seguro médico ni tomó suficientes medidas para implementar mecanismos de seguridad social universal o ampliar las coberturas a fin de garantizar que las personas más desfavorecidas estuvieran atendidas.

El impacto de estas carencias en toda la región recayó con la mayor severidad en las mujeres, que perdieron empleos con más frecuencia que los hombres y cuya carga desproporcionada en el cuidado de los hijos, hijas y el resto de la familia sigue traduciéndose en un disfrute desigual de los derechos, aún más si son indígenas o afrodescendientes.