La Oficina que dirige Michelle Bachelet considera urgente reforzar la presencia del Estado en todo el territorio y constata que 2021 volvió a ser un año muy violento con centenares de muertes y asesinatos entre defensores de derechos humanos, excombatientes y civiles que participaban en protestas de carácter social. Además, alrededor de 72.000 personas fueron desplazadas.

En su último informe sobre la situación en Colombia, la Oficina de la Alta Comisaria de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “ve con preocupación la presencia de grupos armados no estatales que operan en zonas que corresponden a las 16 circunscripciones de paz y su impacto negativo en las garantías de seguridad para el proceso electoral”.

Por ese motivo, la Oficina que lidera Michelle Bachelet insta al Estado a tomar medidas preventivas para garantizar el ejercicio de actividades electorales y la participación política en un ambiente libre de amenazas y de todo tipo de violencia.

Además, considera oportuno atender las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y los informes de la Misión de Observación Electoral, con medidas de protección, y con mayor presencia de la institucionalidad civil en zonas críticas, llevando a cabo acciones frente a la estigmatización o la discriminación por razones de género o étnicas.

De hecho, uno de los mayores obstáculos a la paz, según el informe, es la limitada presencia del Estado, sobre todo de las autoridades civiles, en muchas zonas del país, lo que permite que se produzcan muchos asesinatos y otros actos violentos.