Masacres, homicidios, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento de niños y extorsión de la población… la creciente violencia perpetrada por los grupos armados y las organizaciones criminales en las zonas rurales de Colombia está teniendo un impacto devastador, especialmente entre las mujeres, los niños, los afrodescendientes, los líderes comunitarios, los pueblos indígenas, y los defensores de los derechos humanos, advierte un informe de la Oficina de Derechos Humanos. 

En el documento, publicado este martes, la Alta Comisaria de las Naciones Unidas para los Derechos humanos, urge al Gobierno entrante, que tomará posesión el próximo mes, a dar prioridad a la lucha contra esa violencia. Además, establece una serie de recomendaciones para que las autoridades las apliquen urgentemente, en aras a proteger la vida y los derechos humanos de los afectados.  

Michele Bachelet coincide así con el Consejo de Seguridad que esta misma semana pedía al Gobierno de Colombia el desmantelamiento rápido de los grupos armados ilegales en Colombia.

La firma de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en 2016 mostró un descenso drástico de la violencia. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), los asesinatos pasaron de 12.665 en 2012 a 1238 en 2016.

Pero en los últimos dos años, los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales, a menudo involucrados en actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, han ampliado su presencia en varias regiones de Colombia. 

La respuesta del Estado, principalmente militar, no ha conseguido frenar la expansión de los grupos, y la escasa presencia de instituciones civiles ha agravado la situación, según el informe. La falta de educación y de oportunidades laborales también ha aumentado la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes a ser reclutados por los grupos armados. 

En 2021, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia verificó el homicidio de 100 personas defensoras de los derechos humanos. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, la Oficina recibió información sobre 114 homicidios de defensores y defensoras, de los cuales 22 casos han sido verificados hasta ahora.