En los últimos meses de la presidencia de Donald Trump, un nuevo plan para sellar la frontera sur de Estados Unidos empezó a ganar impulso: Una barrera flotante para desalentar a los migrantes de cruzar desde México.

La idea nunca se materializó. Pero tres años después, el gobernador de Texas, Greg Abbott, la ha empezado a implementar.

El estado instaló este mes una barrera flotante —unas boyas de color naranja cada una del tamaño de una bola de demolición— que se extiende aproximadamente a lo largo de tres campos de fútbol en el río Bravo (Grande).

Se trata de una estrategia no probada para disuadir a los inmigrantes a lo largo de la frontera estadounidense, ya fortificada en amplios tramos con altas vallas de acero y alambre de púas. La instalación de las boyas en el río Bravo ha llevado a Texas a un nuevo enfrentamiento con el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden sobre la inmigración en los 1.930 kilómetros de frontera del estado con México.

El Departamento de Justicia ha pedido a un tribunal federal que ordene a Texas retirar las boyas, alegando que la barrera genera problemas humanitarios y medioambientales a lo largo de la frontera internacional. Abbott ha desestimado la demanda, aclamado por sus aliados conservadores, deseosos de que se genere jurisprudencia que faculte a los estados a adoptar medidas más agresivas contra la inmigración.

Esa batalla legal se produce mientras el gobierno del presidente Biden defiende ante los tribunales una nueva norma de asilo.

Un juez federal bloqueó el martes la política que el gobierno considera una forma de controlar la frontera sur y que al mismo tiempo mantiene vías para que los inmigrantes puedan presentar solicitudes de asilo válidas. La orden del juez no entrará en vigor hasta dentro de dos semanas.