Una reforma electoral debe ser el resultado de una discusión amplia, incluyente y, en consecuencia, democrática, pero si se plantea para mermar la calidad de la representación política, lastimar o disminuir las condiciones de equidad en la competencia, acotar los derechos político-electorales o para debilitar la autonomía y la independencia de los órganos electorales, no vale la pena hacerla y no debe ser aceptada, advirtió aquí el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

“Una reforma electoral tiene que servir para avanzar en la consolidación y fortalecimiento de nuestro sistema democrático, para ampliar derechos de la ciudadanía, para perfeccionar normas y procedimientos, no para mermarlos”, reiteró.

Al participar en el panel inaugural del XII Encuentro Nacional de Educación Cívica: Reforma política y calidad de la democracia, Córdova Vianello sostuvo que de cara a las elecciones de 2024 “no es necesaria una reforma electoral para que se siga recreando la democracia en el país” y, en todo caso, bienvenidos los cambios si tienen un sentido positivo y no regresiones.

Con lo anterior, coincidieron los expresidentes del Instituto Federal Electoral (IFE) Luis Carlos Ugalde Ramírez y Leonardo Valdés Zurita, quienes lo acompañaron en el panel.

Córdova Vianello planteó la premisa de que el sistema electoral nacional es producto de un proceso evolutivo en el que destacan una sucesión de cambios político-electorales y tres condiciones ante una eventual reforma en la materia: que sea producto del consenso, que mejore el sistema electoral y que no sea regresiva.

Advirtió que “un mayoriteo en este delicado asunto siempre abrirá la puerta para que alguien en el futuro pueda desconocer esa reforma y decir que perdió por culpa de las reglas o por culpa del árbitro”.

Si hubiera una reforma electoral antes de 2024, añadió Córdova, se trataría de la primera reforma en 25 años, que se pone a prueba en una elección presidencial. 

El Presidente del INE dejó en claro que la calidad de los procesos democráticos depende en gran medida de las normas y de las instituciones electorales que los constituyen, es decir, de las reglas del juego. 

“Pero también del consenso que exista en torno a dichas leyes e instituciones y, por ende, su cumplimiento, un consenso que debe darse desde su origen y del compromiso y lealtad democrática de las fuerzas políticas que son, en todo contexto democrático, autores de esas reglas y a la vez sujetos de la aplicación de las mismas”.