Human Rights Watch (HRW) publicó un informe en el que denunció que migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, y son obligadas a esperar en México, enfrentan la reubicación forzada al sur del país por parte de funcionarios mexicanos, en donde deben esperar meses para obtener una respuesta a sus solicitudes.

En el sur de la República mexicana, según HRW, enfrentan problemas como la falta de acceso a servicios básicos como atención médica, agua potable y refugio; violencia por parte de grupos criminales, así como de autoridades de migración nacionales, soldados de la Guardia Nacional y policías y la posibilidad de deportación sumaria.

También, la ONG detalló que las personas que son devueltas por las autoridades son entregadas directamente a funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) quienes, a menudo, los detienen y los colocan en autobuses que no se les permite abandonar durante hasta tres días y los trasladan a Villahermosa, Tabasco, en la frontera con Guatemala, sin realizar un escrutinio de las necesidades de protección al efectuar estas reubicaciones forzadas, que el INM llama “retornos asistidos”.

“Generalmente se les presiona (a las personas en calidad migrante) para que firmen acuerdos escritos para salir de México a través de su frontera sur. El gobierno mexicano también deporta sumariamente a solicitantes de asilo a su país de origen, generalmente, sin realizar controles para garantizar que sean devueltos sin ningún peligro”, se indicó en el trabajo titulado “No pudimos esperar: Medición digital en la frontera entre Estados Unidos y México”.

Los solicitantes de asilo le dijeron a Human Rights Watch que los agentes del INM les gritaban y no les permitían leer lo que estaban firmando. Dijeron que los agentes del INM tampoco les preguntaban si tenían miedo de regresar a su país de origen o a Guatemala”, se lee en el texto.

El Instituto Nacional de Migración (INM) le dijo a la ONG que, de mayo a septiembre de 2023, había recibido a 31,409 migrantes no mexicanos enviados por el país vecino del norte a la República. “Esa cifra es mayor que los datos citados de manera inconsistente por el gobierno de Estados Unidos durante el mismo período”, reportó la organización.