El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al declarar inconstitucional criminalizar a una mujer por abortar, es un precedente histórico de argumentación jurídica que tendría que ser la base para que los Congresos locales modifiquen sus códigos penales y eliminar el delito de aborto, apuntó Alejandra Martínez Galán, activista y representante de la Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas (Aquesex).

Celebró que el máximo tribunal en México haya ponderado la situación reproductiva de las mujeres, lo que ampliará el acceso a sus derechos, sin embargo, reconoció que en el caso de Querétaro, al tener una mayoría legislativa panista, que no se ha caracterizado por priorizar los derechos de las mujeres, costaría años realizarse estas adecuaciones al Código Penal local, debido a los prejuicios morales de las y los diputados.

“Es un fallo histórico a nivel de argumentación jurídica, va a ser fundamental y tendría que ser la base pensando en los otros estados del país para que tengan la base jurídica para modificar los Códigos penales y sacar el delito de aborto, en el caso de Querétaro será una tarea pendiente (…) en fundamental para los cuerpos y la libertad de las mujeres, su sexualidad, por eso son tan importantes estos discursos tan bellos que se pronunciaron por las y los ministros de la Suprema Corte”.

Si bien no existe una obligación para que las entidades realicen reformas, ya que existe una separación de poderes y autonomía de las entidades, se genera jurisprudencia por lo que las juezas y jueces estarán obligados a considerar estos criterios y en caso de sentenciar a una mujer por este tema, ella podría recurrir ante una instancia federal para revertir dicha sentencia.

Otros de los aspectos importante de esta aprobación, explicó que será en que las mujeres de futuras generaciones dejarán de creer que sus cuerpos no les pertenecen, por lo que también se romperá con estos estigmas.

Ante las posturas de grupos Provida, destacó que no tendrán posibilidad de revertir tal decisión, puesto que lo aprobado está a la altura de los criterios internacionales más altos en materia de derechos humanos, ya que aunque los estados se resistan son acciones que seguirán abriendo pautas para avanzar en la progresividad de los derechos de las mujeres.

“Lo que se hace es blindar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de estas andanadas conservadoras que se quieren asomar en el país”, sostuvo, al señalar que además el tema del aborto ha sido una situación discriminatoria, puesto que solo se le condena o limita a mujeres de niveles socioeconómicos bajos, ya que quien posee el recurso puede recurrir al procedimiento en un hospital privado sin que existan consecuencias.