La iniciativa privada organizada en el estado de Quintana Roo se pronunció en contra de la “exención de impuestos a las erogaciones y concursos” decretada en la Ley de Ingresos para este año por parte de los diputados integrantes del Congreso local, que beneficia la instalación de casinos que realicen inversiones superiores a los 40 millones de pesos.
Así fue manifestado mediante carta pública suscrita por los representantes de 33 organizaciones empresariales en Quintana Roo, entre otros por el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, Coparmex, Canirac, Canadevi, Asociados Náuticos, Canapat, Canieti, AMPI-Cancún, Instituto Mexicano de Contadores Públicos y Ciudadanos por la Transparencia.
Esta exención de impuestos será a favor de aquellas personas físicas o morales cuyo giro sea de juegos y concursos en la modalidad de casinos, que se ubiquen en las zonas turísticas del Estado y que acrediten que al menos 50 por ciento de sus clientes sean extranjeros o no residentes en la entidad.
Los líderes empresariales revelaron que dicha disposición “no venía contemplada en la iniciativa de Ley de Ingresos que envió el Ejecutivo Estatal al Congreso, la cual se ingresó con fecha 19 de noviembre del 2019, sino que fue incluida en la sesión número 24 de fecha 26 de noviembre del 2019 a última hora, mediante la inserción de un artículo Séptimo Transitorio a la Ley de Ingresos del Estado, misma que fue publicada en el Periódico Oficial el 27 de diciembre del 2019”.
Por ello, suscribieron que “este precepto va en contra de la nueva política fiscal de la Federación, respecto a No otorgar privilegios a sectores que no representan una aportación a la productividad y/o afectan a la salud y buenas costumbres de la comunidad, además de que se retiran exenciones y condonaciones de impuestos y derechos”.
En consecuencia, el sector privado quintanarroense solicita al gobernador Carlos Joaquín González que, “en virtud de que no fue una propuesta presentada por él mismo y que mientras no se respondan cuestionamientos fundamentales; el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos para el año fiscal 2020, no sea aplicado”.
Además, los capitanes de industria en la entidad cuestionaron si los legisladores locales analizaron las “implicaciones reconocidas como asociadas a la proliferación de casinos respecto a la inducción de conductas antisociales y dañinas para el desarrollo de la personalidad de los usuarios”.
También preguntaron si fueron calculados los efectos de la promoción del juego como la ludopatía, evasión fiscal, trata de personas, y la desintegración familiar y demandaron se identifique que sectores de la sociedad en particular piden que haya más casinos.
Otro cuestionamiento es ¿cuáles partidos políticos, autoridades y personas, están impulsando esta disposición y cuáles son sus motivaciones e intereses?; ¿quién va a pagar las consecuencias económicas, sociales, de seguridad y salud pública que derivan de la aprobación de esta disposición?; ¿por qué no se han tomado en cuenta las conclusiones y estudios reconocidos nacionales e internacionales, que advierten de los inevitables efectos nocivos del juego para las familias y la sociedad en su conjunto?
Actualmente existen 18 casinos en Quintana Roo, 8 de ellos en Cancún, 8 en Playa del Carmen y 2 en la Isla de Cozumel.
Estas son las cadenas de casinos presentes en la entidad: Dubai (2), Palace, Red Casino (3), Royal Yak, Casino Codere, en Cancún; Winpot, Jackpot Casino, Casino Red, Riviera Grand Casino (2), Las Vegas Casino Princess (3), en Playa del Carmen; y Jackpot (2)en Cozumel.
La inclusión de este apartado en la nueva Ley de Ingresos del estado fue decisión exclusiva de los cinco legisladores integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XVI Legislatura: José de la Peña Ruiz de Chávez (PVEM); María Fernanda Trejo Quijano y Wilbert Alberto Batun Chulim (MORENA); Eduardo Lorenzo Martínez Arcila (PAN) y Carlos Hernández Blanco (PRI).
En los últimos tres años los casinos en Quintana Roo han representado ingresos superiores a los 700 millones de pesos y pagaron en 2017 impuestos al gobierno del estado por 41 millones 680 mil pesos, según la Secretaría de Finanzas y Planeación. Durante los primeros 10 meses de 2019 pagaron al fisco estatal 56 millones 885 mil pesos, pues la tasa del impuesto es del 10 por ciento de lo que eroga su clientela.
Se espera en 2020 ingresos a las arcas estatales por impuesto a los casinos un total de 89 millones 313 mil pesos.