Los gobernadores de los 32 estados de México, congregados en la Confederación Nacional de Gobernadores, enviaron una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, en la que expresaron su preocupación por la posible desaparición de la prisión preventiva oficiosa.

En la misiva, los mandatarios resaltaron la importancia de mantener la «Supremacía Constitucional» y evitar la vulneración de la Carta Magna sobre cualquier norma internacional que pueda afectar el derecho interno de los mexicanos.

También, argumentaron que la prisión preventiva oficiosa es una medida necesaria en casos de delitos de alto impacto y clara repercusión social, donde otras medidas cautelares no resulten suficientes para garantizar la comparecencia del imputado.

“No podemos dejar de señalar el colapso de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”, se lee en el texto.

La prisión preventiva oficiosa, según indican, responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal, proteger a las víctimas de los delitos y procurar que los responsables no queden impunes.

Debido a esto, hicieron un llamado para que la SCJN considere estos argumentos, ya que la decisión sobre esta medida cautelar impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y de las entidades federativas.