Todos los documentos históricos relacionados con violaciones de derechos humanos; persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, y con actos de corrupción, que estén en manos de órganos administrativos desconcentrados como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Policía Federal, tendrán que trasladados al Archivo General de la Nación, donde se harán públicos en un lapso no mayor a 180 días.
Zoé Robledo, subsecretario de Gobernación mencionó que “se trata de un acervo histórico que a partir de este 2019 estará disponible para todo el público. Gracias al acuerdo que fue publicado el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación que venga toda la información como persecuciones de movimientos sociales y de actos de corrupción de todo tipo; abrir estos documentos está basado por un interés público superior”.
El director del Archivo General de la Nación, Carlos Ruiz Abreu, recordó en tanto que cuando él fue anunciado como titular del AGN recorrió las instalaciones y se encontró con una galera que estaba cerrada incluso para él y que no le permitían el paso.
El funcionario acusó que estaba “secuestrada” por el CISEN, pero que a partir de ahora habrá transparencia y se comprometió a que se abra la información lo más antes posible y que trabajará en la clasificación de los archivos, debido a que antes esto se hacía por policías, cuando es tarea de archivistas.