Las compras y contrataciones públicas del gobierno han sido uno de los espacios históricos con mayores riesgos para el desperdicio, el uso irregular de recursos y la corrupción. Y una de las ventanas por las que esto puede suceder con mayor facilidad es el uso intensivo de la figura de las adjudicaciones directas como el método favorito para entregar contratos. Entre 2010 y 2018, en promedio el 79.6% de los contratos del gobierno federal fueron entregados de manera directa. Nuestro seguimiento periódico de las compras del gobierno ha mostrado que el gobierno de López Obrador continuó e intensificó el uso de esta práctica en 2019 y 2020. En los primeros seis meses de 2021, el 80.6% de los contratos y 35.6% de sus recursos han sido entregados por adjudicación directa.
El diagnóstico inicial de López Obrador sobre la corrupción señaló este problema, al punto que se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo que las adjudicaciones directas quedarían estrictamente prohibidas. Esta promesa, a pesar de ser jurídicamente vinculante, era irreal desde su concepción. Las cifras de los primeros meses de la nueva administración mostraron una notoria continuidad con los resultados del pasado —véase en la siguiente gráfica que solo en uno de los primeros 24 meses de gobierno la proporción de adjudicaciones directas estuvo por debajo de 70%—, ante lo que el presidente se justificó diciendo que al no ser iguales que otras administraciones, no había problema alguno. Sin embargo, la declaración oficial de disminuir las adjudicaciones directas no ha desaparecido, al punto que la extitular de la Secretaría de la Función Pública señaló que buscarían limitarlas a un máximo del 20% de los contratos. La promesa no ha sido cumplida bajo ningún criterio y no existen indicios de que esto vaya a cambiar.
Una de las justificaciones más socorridas para estas cifras es que si bien se trata de una gran cantidad de contratos por adjudicación directa, su uso se reserva para partidas muy pequeñas que tienen un bajo impacto presupuestal. Sin embargo, al comparar este sexenio con las cifras previas, es claro que ha venido en ascenso la importancia de las adjudicaciones directas como parte del monto total de contratos del gobierno. En 2020, por primera vez en la historia las adjudicaciones directas entregaron más recursos que cualquier otro mecanismo, con el 43.8% del total. En lo que va de 2021, la cifra se encuentra en 35.4%, lo cual ya es superior a los datos de los primeros cinco años del sexenio de Peña Nieto.
Durante los primeros seis meses de 2021, se han entregado un total de 69,077 contratos por 176.9 millones de pesos. De estos, 55,691 contratos (80.6%) han sido entregados vía adjudicación directa por un total de 74,639 millones de pesos (42.2% del total). La licitación pública, que debería ser el mecanismo más utilizado para entregar los contratos de acuerdo con la ley, ha sido utilizada en 11.9% de las ocasiones y ha repartido 83,997 millones de pesos (47.5% del total). En un día promedio de 2021, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entrega 308 contratos por adjudicación directa y 45 por licitación pública.
La proliferación de los contratos por adjudicación directa puede explicarse porque este mecanismo, a pesar de los riesgos que implica, es mucho más sencillo y rápido de utilizar si se le compara con las múltiples etapas y procedimientos necesarios para realizar una licitación pública. El caso del actual desabasto de diversos medicamentos es un claro ejemplo de ello, pues la falta de capacidades administrativas de la administración actual, junto con una serie de improvisaciones ampliamente documentadas, han ocasionado múltiples fracasos para adquirir en tiempo y forma diversos medicamentos.
En consecuencia, desde febrero de 2021 el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) envió un oficio a las instituciones de salud para que cada una adquiriera por su cuenta las claves de medicamentos y materiales que no pudieron comprarse. Ante la premura y la emergencia para enfrentar el desabasto, las adjudicaciones directas se han utilizado como la salida de emergencia (entre las cuales se han identificado múltiples casos de sobreprecio). Al revisar los datos de todos los contratos relacionados con medicinas y productos farmacéuticos de 2021, es notable que 91.5% de ellos han sido entregados por adjudicación directa por un total de 12,579 millones de pesos (59.2% del total).
Este uso excesivo de las adjudicaciones directas para adquirir medicinas y productos farmacéuticos parece ya no estar directamente relacionado con la pandemia del coronavirus. Al identificar todos los contratos que desde 2020 hasta la fecha incluyen cualquier mención a la COVID-19, el coronavirus, el SARS-CoV-2, la pandemia o la contingencia sanitaria, es notorio que en 2021 estos han disminuido sustantivamente, pues la mayor parte de las adjudicaciones directas se hicieron el año pasado. Esto puede verse en las siguientes dos gráficas, que muestran el comportamiento mensual de los contratos relacionados explícitamente con la pandemia y la disminución de los mismos en 2021.
Del total de 5,229 contratos que se han entregado entre 2020 y 2021 que explícitamente se relacionan con la pandemia, 5,033 se entregaron por adjudicación directa (el 96.3%), lo que equivale a 28,352 millones de pesos (99% del monto total). Por lo tanto, las adjudicaciones directas fueron prácticamente el único mecanismo para contratar bienes y servicios relacionados con la pandemia, pero estos contratos ya no son la explicación principal de las adjudicaciones directas en medicamentos para 2021, pues la gran mayoría de ellas se hicieron el año pasado.
Una forma diferente de ver en qué tipo de bienes y servicios se usan de manera prominente las adjudicaciones directas es separar los contratos por su concepto, es decir, por el tipo de bien o servicio que se contrató. Si se consideran los 15 conceptos con mayores importes adjudicados directamente en 2021, se observa que además de los productos farmacéuticos, este mecanismo se utiliza ampliamente en las materias primas (mercancías que el gobierno adquiere para comercializar o para producir, como químicos, papel, productos agropecuarios, forestales, etc), los servicios profesionales (como contratos de personal por honorarios o por outsourcing, consultorías o servicios legales), la obra pública o en los servicios de comunicación social y publicidad (en este último caso, llama la atención que 95% de los recursos de los contratos de publicidad del gobierno han sido entregados directamente, sin una licitación). Esto muestra que, más allá de la crisis sanitaria y el desabasto de medicamentos, el uso excesivo de las adjudicaciones directas es un problema transversal en las compras y contrataciones del gobierno.
Con información de contralacorrupción.mx