Los ocho militares acusados de haber participado en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron puestos en libertad durante la madrugada de este miércoles después que una jueza de distrito ordenó que pudieran seguir el proceso en libertad.

Luego de pagar una garantía de 50 mil pesos y entregar su pasaporte para no salir del país, los militares salieron por la puerta 3 del Campo Militar 1-A lugar donde se encontraban internados.

Los ocho militares que seguirán el proceso en libertad, según el listado del Gobierno federal, son: Omar Torres Marquillo, Roberto de los Santos Eduviges, Ramiro Manzanares Sanabria, Juan Andrés Flores Lagunes, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Uri Yashiel Reyes Lazos, Eloy Estrada Díaz y Juan Sotelo Díaz.

Todos, adscritos al 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, deberán firmar los días 1 y 16 de cada mes ante el juzgado de distrito el libro de procesados, además no podrán acercarse al estado de Guerrero y tampoco comunicarse con víctimas o testigos protegidos del caso.
Luego de que la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, revocó la medida cautelar de estos militares para llevar su proceso en libertad, la Fiscalía General de la República (FGR), anunció que presentará diversos recursos para garantizar el derecho y seguridad de las víctimas.
La Secretaría de Gobernación (Segob), a través de su titular, Luisa María Alcalde, cuestionó la resolución de la jueza que en agosto pasado ordenó cambiar la medida cautelar de prisión a prisión domiciliaria al general en retiro, Rafael Hernández Nieto, procesado por el delito de desaparición forzada en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La resolución de la juez Segundo de Distrito en Proceso Penales Federales, no significa que los ocho militares sean inocentes, solo que su proceso lo llevarán en libertad.

El 23 de enero de 2024, Luisa María Alcalde Luján publicó en su cuenta de X, antes Twitter, el documento enviado a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, manifestando su inconformidad por la liberación de los militares.

En la misiva se advierte que “existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que (los militares) se vuelvan ilocalizables o huyan del país”.